Fue una de las promesas electorales de Lacalle Pou, estaba en su plan de gobierno y lo cumplió a pesar de la pandemia.

Comenzó a funcionar el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, creado con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración.

El objetivo de este registro es que las personas condenadas por estos delitos estén inhabilitadas a trabajar en instituciones donde puedan tener contacto con niños y adolescentes.

Hasta la semana pasada se habían incorporado dos personas a la lista, informa hoy “El País”. Para ese fin, Policía Científica abrió una nueva oficina con seis personas que se dedican a la tarea.

Para que una persona sea incluida en el registro, es necesario que un juez haya dictado condena firme por los delitos de violación, abuso sexual, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal y corrupción de menores.

A partir de ahora y a raíz de un decreto firmado por Lacalle Pou en setiembre, ciertas instituciones privadas y públicas deberán exigir a sus trabajadores un certificado de no inscripción.

Nos parece correcto que esto ocurra, es un reclamo que se estaba haciendo un sector de nuestra sociedad hace muchísimo tiempo.

Debemos asegurarnos de no cometer errores, ya que si esto ocurre, se puede dar lugar a juicios contra el Estado.

La coordinación entre el gobierno y el Poder Judicial debe ser muy bueno sin dudas.

Informaciones que no sean reales, puede crear grandes perjuicios. Es un tema muy delicado.