A poco más de mes y medio de decretada la cuarentena, empiezan a relucir varias situaciones que se están dando en algunos Institutos Privados de Enseñanza.

Familias enteras han perdido su fuente de ingresos, padres en seguro de desempleo y otros despedidos de sus trabajos.

En estas circunstancias, aparece un nuevo motivo de preocupación para padres e hijos, que lejos de estar vinculada al Covid 19, se relaciona a la avaricia y al egoísmo, de algunas Instituciones de Educación Privada que, ven a la cuarentena como una posibilidad de incrementar sus utilidades.

El hecho es que, en desacato con las disposiciones de Gobierno, algunas instituciones se han alineado, para procurar el cobro de la totalidad de las cuotas, recurriendo a todo tipo de estratagemas.

El decreto de Presidencia, nº101/020, publicado el día 25 de marzo de 2020, expresa en su artículo nº 2: “Dispónese la suspensión del dictado de clases y el cierre de los centros educativos privados, en todos los niveles de enseñanza…”

Para contravenir esta medida, algunos colegios, de manera unilateral e inconsulta, sin tener en cuenta la situación por la que estaban pasando las familias y sin realizar planteamiento alguno, a los padres y alumnos, decidieron continuar con sus actividades, aunque muy limitadas, por cierto, de forma virtual.

El motivo, tener alguna justificación para seguir cobrando la totalidad de las cuotas, para que no se vieran afectados sus ingresos, atendiendo los intereses económicos de las instituciones y/o quienes son “los dueños del negocio”.

Toda una operativa con ánimo recaudador, que se lleva adelante en un momento crítico en donde el Gobierno entrante, a pocos días de asumir, tiene que hacer frente a una Pandemia.

Pero las estratagemas empleadas por los Colegios, utilizando la imagen del pobre maestro que debe cobrar su salario, apelando a la solidaridad de las familias, diciéndoles que si no reciben el pago de las cuotas dejarían de funcionar y tomando como rehenes a los alumnos, ahora se suman algunas pretensiones.

Según expresan, para aliviar las cuotas que deben pagar las familias, requieren de subvenciones del Estado.

Aquí se presenta el dilema de quién ayudar realmente, a los colegios que dicen que no se pueden financiar y solo piensan en recaudar, a los maestros que esperan recibir su sueldo o a las familias que quedaron sin trabajo y deben pagar.

La realidad es una y debemos observarla tal como es. Los Colegios privados, sin importar su ubicación y tamaño, funcionan al igual que una empresa que tuvo que cerrar, como resultados de las medidas sanitarias.

Algunas empresas, a pesar de mantener sus puertas cerradas, han procedido a respaldar a sus trabajadores, llegando incluso, a solicitar préstamos blandos, para pagar sus sueldos. Otras, han decidido mantener a sus empleados, trabajando desde sus casas.

Decir que los colegios privados, requieren de dinero del Estado para mantenerse en funcionamiento, es simplemente reconocer que la gestión de sus administraciones, han sido mediocres y faltantes de visión a futuro.

Otra cosa que ha demostrado, que lo que pregonan en solidaridad, fraternidad y la gran familia, es solo válido en sentido de los Colegios, pues en sentido de las familias, nada han demostrado.

Así que, el solo pensar que el Estado tenga que invertir dinero en estos colegios o centros educativos, podría ser hasta mal visto por las familias y el resto de la sociedad.

En todo caso, se debería considerar brindar algún tipo de ayuda a los docentes y maestros, o directamente a las familias que hoy lo están necesitando.

Hasta ahora, ninguna de estas instituciones educativas privadas, ha presentado alguna rendición de cuentas, que claramente demuestre que es lo que hacen con el total del dinero recibido por las familias.

Todo es relativo, se hablan de porcentajes, ajustes, inversiones, pero nada concreto presentado con claridad.

Se despiden maestros, se contratan nuevos y nunca hay una explicación mínima dirigida a alumnos y familias. Todas las decisiones, pasan por un Consejo o Administración, que por lo general se desconoce la identidad de sus integrantes y número.

Algo similar es como se manejan las Sociedades Anónimas.

En estas condiciones, quizás la medida más apropiada para las autoridades, sería analizar, caso por caso, de manera individual, en las condiciones en que se encuentra y maneja, cada institución educativa privada.

Qué tipo de acciones lleva adelante en materia educativa, cómo y en que invierten cuando dicen – “…estamos sumando herramientas…” y hasta donde ejercen presiones para acallar las voces de los que reclaman.

Porque si hay algo que parece que está dando resultado, es la presión que están recibiendo muchos padres y tienen temor a expresarse públicamente, por represalias contra sus hijos y de alguna manera, poner a docentes contra familias.

Quizás la medida más inteligente de las autoridades, sería hacer respetar con firmeza el decreto nº101/020, para ver hasta dónde llega la solidaridad de estos colegios para con las familias y los alumnos.

Todo esto nos lleva al punto que si se debe pagar o no las cuotas.

Volvemos al punto, los colegios privados, más allá, de su condición de institución educativa, ya sea naturaleza, religiosa, atea, filosófica o la que sea, se maneja como una empresa privada.

Como tal, asume riesgos y beneficios, en las buenas y en las malas, y en este momento deben demostrar capacidad para resolver sus problemas como lo haría cualquier otra empresa.

De lo contrario el mensaje que se estaría dando sería, -“no importa que tu negocio fracase, siempre está el Estado para poner dinero”.

Sería oportuno anunciar, cual es la posición oficial en torno a este tema, ya que muy pronto, los colegios privados estarán reclamando el pago de la próxima cuota.

Solo porque se creen con el derecho de hacerlo, al hacer caso omiso de un Decreto de Gobierno y que no se hayan tomado medidas al respecto.