EL FRAUDE AMPLIO NO QUIERE ENCONTRAR A ELENA QUINTEROS

Escrito por Ricardo Domínguez en la sección Nacionales.

Publicado el 14/10/2019 23:33:38
EL FRAUDE AMPLIO NO QUIERE ENCONTRAR A ELENA QUINTEROS

Ya han pasado 5 años, desde que el conocido conductor radial Orlando Petinatti le entregó un CD al actual presidente del FA, Javier Miranda, con el testimonio de una mujer que aseguraba que en el Batallón 13 se encontraban los restos de la maestra Elena Quinteros, desaparecida desde 1976 en el marco de la última dictadura (1973 a 1985). Cuando el intercambio se produjo, Miranda estaba al frente de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia. Felipe Michelini, quien ahora ocupa ese cargo, confirmó al diario El Observador la existencia de esta denuncia.

Petinatti agradeció que Miranda haya reconocido la reunión, pero sostuvo que le "sorprendió" que no haya escuchado el audio, dado que se lo entregó "en las manos".

"Ojalá se sepa qué pasó con esa investigación y si se excavó en el lugar exacto que en el audio decía”, concluyó.

Ahora han transcurrido 3 meses desde la denuncia pública del referido tema, y el silencio sigue siendo atronador, y solo cabe la pregunta, ¿Se quiere encontrar a Elena Quinteros?, o, ¿la quieren olvidar porque recuerdan que la madre de la maestra contribuyó con los militares para que fuera detenido y desmantelado en Argentina, el accionar de robo, secuestros y corrupción del PVP?

COMO SURGE EL PVP

 

A fines de 1972 y principios de 1973 el terrorismo estaba prácticamente eliminado por las FF.CC., pero hubo un sector, -fundamentalmente de anarquistas del OPR 33-, que decidieron irse a la Argentina.

Allí se juntaron con un grupo de escindidos de los tupamaros, el F.R.T. (Frente Revolucionario de los Trabajadores) y constituirán el Partido por la Victoria del Pueblo (P.V.P.). Esta organización estaba integrada por elementos anarquistas desde la Federación Anarquista de Uruguay (FAU) y de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33), que era el aparato armado de esa organización.

Pero la mente demencial de estos resentidos que compondrían el PVP, -alguno de estos, integraría actualmente el Fraude Amplio-, comenzó su actividad terrorista con robos, secuestros y asistencia de la J.C.R., y ante el dulce de tener tanto dinero en las manos, su rumbo idealista cambió por el de la corrupción fácil.

 

GOLPE DE ESTADO EN ARGENTINA Y EL FIN DEL PVP

La fecha clave de la represión en Argentina, fue a partir del Golpe de Estado el 24/03/1976, donde se empezará a aplicar estrictamente la Ley 20.840 de septiembre de 1974, que establecían fuertes penalidades para aquellos que estaban operando distintas actividades subversivas en todas sus manifestaciones.

A raíz de esta Ley, existe una transformación del tema de los refugiados, en un problema de Seguridad. Se anuncia en esta norma, los castigos que establecían la expulsión de extranjeros y naturalizados, y en las acciones de las Fuerzas de Seguridad argentinas, la detención de refugiados y el allanamiento de sus guaridas. Aparte, que todos aquellos que cumplieran misiones terroristas y armadas en territorio del vecino país, existía hasta la pena de muerte.

 

HUBO CUATRO IMPORTANTES DELACIONES QUE LOS LIQUIDAN

Es así, que a mediados de 1976, ante el cambio de rumbo del PVP, -idealismo por corrupción incorporándose a los vicios del mal capitalismo-, comienza la gente a irse, no sin antes, delatar a los corruptos del PVP ante las autoridades argentinas, -quizás para salvar su vida y las de los suyos-, y es así que,  quien era la Secretaria del Jefe máximo de PVP, Gerardo Gatti, María del Pilar Nores Montedónico, se presenta voluntariamente en dependencias de a PFA (Policía Federal Argentina), denunciando con detalles, a la organización y sus actividades futuras.

A raíz de la información proporcionada, la Policía argentina allana el local donde funcionaba la dirección del PVP, detienen a Gerardo Gatti y secuestran infinidad de documentos con nombres, lugares e infinidad de datos que vulnera la seguridad futura de la organización terrorista. Aquí comienza el principio del fin del PVP en manos argentinas.

La SIDE asume la investigación, interrogando a María Nores, y analizando la documentación surge, que el hermano de Gerardo Gatti, Mauricio y su concubina Sara Méndez tenían la bandera de los Treinta y Tres Orientales robada del Museo de Historia Nacional en Montevideo.

 

LA DELACIÓN DE “LA TOTA” Y LA CAÍDA DE LA CÚPULA DEL PVP

       En la desesperación lógica de una madre por saber el paradero de su hija, María Almeida de Quinteros busca por todos los medios entrevistarse con los militares.

Intentó primero hablar con el Comandante de la División de Ejército I Gral. Esteban Cristi, sin resultado positivo. Luego lo hizo en el S.I.D. siendo recibida por el Gral. Amauri Prantl, dando detalles que nadie sabía sobre las actividades de su hija, y el Director de esa repartición le informó que no conocía el paradero de la misma.

La Sra. Almeida planteó que ella podía ayudar a buscar terroristas, si a cambio las FF.AA. hacían lo mismo con su hija. Nada se le prometió, pero ante los nombres y hechos que se le había proporcionado anteriormente, ella dijo que igual iba a colaborar, puesto que una conocida suya era la concubina de Mauricio Gatti y vivían juntos, y que ellos serían los que tendrían la Bandera de los Treinta y Tres Orientales.

Después de organizarse, la señora dio una fecha, hora y lugar en la que se encontraría con Sara Méndez, y que sería en una confitería de Buenos Aires.

En Buenos Aires, a raíz de la información proporcionada por “La Tota” era apresada Sara Méndez, mientras que su concubino Mauricio Gatti logra escaparse. Colateralmente a esa operación, permitió a los argentinos detectar a otros terroristas del PVP que operaban en Buenos Aires para su detención.

 

MILLONES DE DÓLARES DESPILFARRADOS

En esa época, otro de los delatores fue Carlos Göenssens Meré, un ex tupa, que paso a integrar el F.R.T., y que trabajaba bajo las órdenes Alfredo Mechoso y León Duarte, y estos bajo las de Gerardo Gatti. Además de informar de integrantes y documentos especiales, también da cuenta del rescate que el PVP había obtenido, tras el secuestro del empresario holando argentino y judío Federico Hart que fue de U$S 10:000.000. Hasta la actualidad, la dirigencia del PVP nunca ha rendido cuenta de que hicieron con tanto dinero.

Luego vino el interés de otro uruguayo que integraba el PVP, detenido por las fuerzas argentina, que brindó información a un oficial de enlace uruguayo que viajó especialmente a Buenos Aires ante su requerimiento. Fue el caso de Alberto Mechoso, que a cambio de la seguridad de su familia dijo en que parte de su casa tenía escondido U$S 5:000.000 y otros documentos.

 

LA COMISIÓN PARA LA PAZ DEL PRESIDENTE BATLLE

Durante el Gobierno colorado del Dr.Jotgr Batlle, y en la búsqueda de poner un punto final sobre el tema DD,HH.y desaparecidos, -única que trabajó en el tema con resultados positivos-, había creado seriamente y con mucha responsabilidad, por Resolución N° 858/000 del 9 de agosto de 2000, la denominada Comisión para la Paz, integrada por: el Arzobispo Cotugno; Dr. J. Williman (PN); Dr. G.Fernández (FA); Dr. Carlos Ramela (PC); Luis Pérez Aguirre, sacerdote jesuita fundador de la sección uruguaya del SERPAJ; y José D’Elía (PIT-CNT), cuyos cometidos era: recibir, analizar, clasificar y recopilar información sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante la última dictadura.

Esta Comisión elaboró un informe sobre 227 denuncias de uruguayos detenidos-desaparecidos en Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil. Dicho informe fue presentado el 10 de abril de 2003, informó las denuncias recibidas sobre situaciones ocurridas en Uruguay y buena parte de las denuncias referidas a situaciones ocurridas en el exterior.

De este Informe final surge que serían 27 desaparecidos confirmados en Uruguay,130 en Argentina, 7 en Chile, 2 en Paraguay y la aparición de 26 cuerpos lanzados por los argentinos al mar. En los años sucesivos poco se ha hecho y mucho se ha hablado.

LA REPARTIJA DEL DINERO EN EL GOBIERNO DE TABARÉ VÁZQUEZ Y CERO INTERES POR LOS DD.HH

       Recientemente el diputado colorado Conrado Rodríguez pudo saber que el BPS fue obligado a pagar, unos US$ 60 millones a 5.700 personas que estaban amparadas en la ley creada por el Fraude Amplio, de reparación económica para quienes fueron detenidos, despedidos por su actividad sindical o debieron abandonar el país debido a la persecución del gobierno militar durante la última dictadura. Este dinero tendría que haber sido de Renta Generales, y no de los pasivos.

También en octubre de 2006, el FA aprobó una ley de pensión especial reparatoria a aquellas personas que por motivos “políticos, ideológicos o gremiales” debieron abandonar el país, estuvieron detenidos o en clandestinidad o fueron despedidos por su actividad sindical entre 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985.

Se acercan las elecciones del tipo que sean, y el manido y redituable tema de los “desaparecidos” -que les dio ventajas a unos cuantos-, ahora deja al descubierto a quienes mienten y a los que les sirve económicamente, olvidando la sabias palabras de Hugo Cores en su libro “Memorias de la Resistencia”: “Los integrantes del PVP, los militantes del Movimiento de Liberación Nacional y del Partido Comunista, de los Grupos de Acción Unificada y del Partido Comunista Revolucionario que fueron secuestrados y están desaparecidos desde esos años, NO SON “VÍCTIMAS INOCENTES”. O sea, sabían a que estaban expuestos, y las lágrimas tristes se transformarán por las alegres.

 

Nota de redacción:

Maestra y militante anarquista, Elena Quinteros comenzó su militancia gremial mientras era estudiante, en la década de los 60.

Su título de magisterio lo obtuvo en 1966, a los 21 años, al tiempo que se incorporó a la Federación Anarquista Uruguaya y empezó a militar en la resistencia obrero estudiantil.

Fue detenida por primera vez en noviembre de 1967. 

En octubre de 1969 la arrestaron nuevamente y allí fue enviada a la cárcel, donde permaneció hasta octubre de 1970.

Ya en dictadura, en 1975, fue requerida por las fuerzas conjuntas y destituida de su cargo como maestra.

Un año después, el 26 de junio de 1976, fue detenida y llevada al centro de torturas 300 Carlos, dependiente del ejército.

En la mañana del 28 de junio, Elena se hizo conducir a la Embajada de Venezuela en Uruguay, indicando que allí entregaría a un contacto. en ese momento intentó fugarse, saltando un muro e ingresando a los jardines de la embajada.

Gritó su nombre y pidió asilo. Los militares uruguayos forcejearon con los funcionarios venezolanos y la detuvieron. Allí, herida, fue llevada al batallón de infantería número 13.

Mientras tanto, el Embajador de Venezuela en Uruguay en ese entonces, Julio Ramos, expresó ante el canciller de turno, Juan Carlos Blanco, su molestia, puesto que los militares uruguayos habían detenido a una mujer que al estar en su embajada se encontraba en territorio venezolano.

Finalmente, años después la justicia condenó al ex canciller Juan Carlos Blanco como responsable por la privación de libertad y desaparición de Elena Quinteros.

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