DETENIDOS EN CÁRCEL CENTRAL EN ESPERA DE SER EXTRADITADOS, ILEGALMENTE, SIGUEN PRESOS…

Escrito por El Bocón en la sección Policiales.

Publicado el 07/06/2019 01:22:43
DETENIDOS EN CÁRCEL CENTRAL EN ESPERA DE SER EXTRADITADOS, ILEGALMENTE, SIGUEN PRESOS…

Hay varios presos en Cárcel Central, que están allí en espera de su extradición a diferentes países. Cumplieron los plazos legales e ilegalmente siguen allí detenidos violando todas las normas vigentes.

Publicamos el escrito de un abogado completo, de los argumentos legales, que deja en evidencia esa violación inaceptable.  

SEÑORES MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

 

 Dr. Sebastián dos Santos, compareciendo en la calidad de Defensor Técnico del señor  ROCCO MORABITO, en el proceso de extradición que sigue sobre IUE 475-164/2017, a los Sres. Ministros DICE:

 Que, frente al actual escenario fáctico y jurídico existente in casu, el paso del tiempo y la relevancia los hechos nuevos documentados en estos autos, sin perjuicio de la regular tramitación, sustanciación, estudio y resolución de la EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD y del RECURSO DE CASACIÓN respectivamente interpuestos por mi Defendido, y en el ejercicio de su legítima defensa, en tiempo y forma, viene a formalizar el pertinente INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN de ROCCO MORABITO, en base a las siguientes consideraciones y fundamentos de hecho y derecho.

 

I) PRELIMINARMENTE

 El escenario fáctico y jurídico existente en el caso que nos ocupa se revela absolutamente insólito y extremadamente grave.

 La cuestión se ornamenta de especial relevo al verificar que, indagados - días atrás - en el Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas acerca de las razones por las cuales notorias figuras como el sindicalista argentino MARCELO BALCEDO y su concubina PAOLA MARINA FIEGE, los empresarios uruguayos EUGENIO FIGUEREDO, JUAN PEIRANO, etc., el empresario turco OSMAN NAIM KAYA, el traficante de material bélico brasileño WILSON GOICOA, el asaltante y contrabandista BENJAMIN GARCIA, el traficante internacional de estupefacientes paraguayo RAFAEL.HERNANDEZ, etc., aguardan en LIBERDAD VIGILADA o PRISION DOMICILIARIA, la Decisión Final cuanto a sus respectivos PROCESOS de EXTRADICION, los ilustres  Fiscales que conforman el Ministerio Público de la República Oriental del Uruguay enfatizaron, una y otra vez, que, a la luz del Nuevo Código del Proceso Penal, en materia extradicional, rige, en carácter definitivo, el PRINCIPIO DE LA LIBERTAD; razón por la cual - diversamente a lo que consagraba el Tratado de Montevideo de 1940 -,    en lo que representaba notable avance legislativo y civilizatorio, la REGLA a observar por parte de los Magistrados pasó a ser la SUBSTITUCION del burocrático ARRESTO ADMINISTRATIVO para fines de EXTRADICION por MEDIDAS CAUTELATES alternativas al automático ENCARCELAMIENTO  de las personas procuradas y reclamadas por un Estado extranjero (vide, https://negocios.elpais.com.uy/noticias/lavadores-quedan-libres-consulta-respondio-fiscal-uruguayo.html).

 

     


 En la especie, de un instante para otro - a esta altura, hace casi 21 meses - el extranjero ROCCO MORABITO – nacional italiano que posee ARRAIGO, TRABAJO, y FAMILIA CONSTITUIDA en nuestro País y jamás cometió ningún delito en sus 53 años de vida y tampoco es portador de cualesquiera anotaciones o antecedentes penales en ningún lugar del Planeta -, ante la INDIFERENCIA de los operadores del Poder Judicial, enfrenta cuadro brutal y espantoso. No hizo nada y la ley – de manera CLARA y PRECEPTIVA - lo ampara. Hasta el Ministerio Público Fiscal - una y ora vez – le otorgan plena RAZÓN, pero igualmente parece que NO tiene derecho a NADA, excepto a PERMANECER INDEFINIDAMENTE en una PRISIÓN en Uruguay.

 Una verdadera pesadilla comenzó en la madrugada del día 02 de Septiembre de 2017, cuando, inesperadamente, vio cercado e invadido el cuarto de hotel en que se encontraba por parte de Agentes de la Interpol / Uruguay. Extraña suerte de funcionarios para-estatales que - a pesar de no contar con autonomía funcional ni pertinentes órdenes judiciales para tanto -, a pretexto de localizar sujeto que habría sido incluido con Alerta Rojo en sistemas informáticos, fuertemente armados y a manu militari, entraron en su local de residencia provisional y luego de realizar frenéticas búsquedas e incautaciones de teléfonos celulares, dinero, documentos, bienes personales y familiares, etc., en su interior, culminaron su accionar con la arbitraria detención de mi Defendido, a quien - sin darle la más mínima información ni chance defensiva y negarle hasta el más básico derecho a comunicación con familiares y un abogado -, de forma clandestina y a la fuerza, bárbaramente esposado, inmediatamente arrastraron para Interpol/ Montevideo.

 ROCCO MORABITO fue maltratado y, después de estar encarcelado aislado del mundo exterior durante más de 2 días (la ley solo permite la detención de un ciudadano con fines de identificación por hasta un plazo máximo de 2 horas – NCPP, art. 55.4) - o sea, cuando ya estaba privado de libertad -, fue hipócritamente llevado al Juzgado Letrado de Primera Instancia Especializado en Crimen Organizado de 2° Turno a fin de dar “formato legal” a los actos perpetrados al margen de la ley y el orden jurídico. No pudo efectuar ninguna consultas ni eficaces actos defensivos - y, ni mismo, abrir la boca para reclamar por los abusos sufridos, amenazado de incurrir en desacato -, escuchando de la insigne Magistrado oficiante que - ya estando privado de libertad porque si desde hacía 2 días antes -, en los términos previstos en el art. 6° del Tratado Bilateral de Extradición entre Uruguay e Italia, pasaba a estar PRIVADO DE LIBERTAD por un PLAZO MAXIMO de 90 (noventa) DIAS para fines de extradición a la Republica italiana. 

 Es importante resaltar que, producto de la evolución jurídico - civilizatoria, desde hace varias DÉCADAS, la extrema medida cautelar de arresto de persona que se presupone estar siendo procurada para ser procesada o juzgada en el exterior dejó de ser  un mero acto burocrático y automático, más, medida cercada de cautelas y rigurosas garantías procesales y legales.

 Observe-se, inclusive, que, excepto en casos excepcionalísimos, sea en la República italiana, sea en cualquier otro de los países que conforman el bloque de la Unión Europea, en NINGUNA hipótesis, se lanza mano al ENCARCELAMIENTO de la persona requerida, sino que inmediatamente se franquea a esta la posibilidad de cumplir ARRESTO DOMICILIARIO para fines de EXTRADICIÓN.

 Precisamente por esa razón, NINGUNO de los ciudadanos reclamados a Italia por la Justicia uruguaya – ni siquiera el torturador uruguayo JORGE NÉSTOR TROCCÓLI y otros tantos - responden a proceso extradicional en PRISIÓN, más, en régimen de ARRESTO DOMICILIARIO o LIBERTAD VIGILADA.

 Además, nótese que hasta en el remotísimo Tratado Bilateral de Extradición (que vincula Uruguay e Italia de 1879), de modo PRECEPTIVO, ya se exigía la presentación de elementos identificatorios y otras informaciones estimadas básicas sobre la naturaleza y circunstancias de tiempo, modo y lugar, etc. de los delitos imputados a la persona, etc. Y todo esto, considerado como estricto y prudencial requisito para tornar posible y legal retirar – por un lapso que no puede, en  ningún caso, superar los 90 días - el estado de libertad de la persona arrestada.

 Es más, so pena de inconcebible inversión al orden natural de las cosas – y, por ende, de nulidad insanable y absoluta, este examen jurisdiccional de pertinencia debería ser efectuado ex ante - y NO a posteriori, como in casu, cuando la medida coercitiva ya había sido ejecutada - la eventual realización del acto de arresto para fines de extradición.

 En otras palabras, en ninguna hipótesis podía procederse, tal cual aconteció en la especie, a privar primero de libertad y bienes a mi Defendido, para - a posteriori -, a las prisas, correr atrás del Fiscal y Juez de turno para el efecto que "legalicen" los actos ya ejecutados al margen del orden jurídico patrio.  

 Sin embargo, conforme se extrae con meridiana claridad de la lectura del Decreto expedido en fecha 03 de Septiembre de 2017, para "legitimar" los actos de ilegalidad y abuso de poder perpetrados por Agentes de Interpol a fin de detener y mantener encarcelado a ROCCO MORABITO hasta el día de hoy – privación de libertad que se prolonga por tiempo indeterminado -, en lugar de cumplirse la ley y aguardarse la instrucción de solicitud respectiva con las exigencias informativas inscritas en el art. VI del Tratado Bilateral de Extradición entre Uruguay e Italia de 1879, fue suficiente la exclusiva voluntad autoritaria de la distinguida Jueza a quo en el sentido.

 La República Oriental del Uruguay es un Estado Democrático de Derecho. Sin embargo, como lo demuestra es escenario ut supra retratado, esto es ignorado por algunos - sino, por buena parte - de aquellos ciudadanos a los cuales los ciudadanos delegan la función de mandar y juzgar en nombre del Estado, los cuales parece se sienten estar encima de la ley o ven como obstáculo las franquicias constitucionales, pues establecen un círculo de protección de los ciudadanos contra los abusos del Estado y sus Agentes.

 En el caso que nos ocupa, a partir de los citados episodios, en lugar de postura cautelosa y justa - e, inclusive, a ese efecto, sistemática e inexplicablemente CONTRARIANDO al noble y culto Representante de Ministerio Público Fiscal  (Dictaminante Técnico), la insigne Jueza actuante redujo a CERO - total y absolutamente a NADA - cualesquiera tentativas de efectivo y eficaz control y/o ejercicio defensivo.

 En ese contexto, por aberrante que fuese, el pleito extradicional se transformó en palco para la descarga y ejecución de sucesivos actos jurisdiccionales que, en conjunto, colocaron mi Defendido en la más absoluta indefensión, a merced de las caprichosas y arbitrarias decisiones sucesivamente expedidas siempre en sistemático perjuicio del extraditable aprisionado en Cárcel Central en Montevideo; centro de detención donde, a pesar de NO haber cometido ningún delito - ni en Italia, ni en Uruguay, ni en ninguna otra parte del Planeta -, purga una extraña forma de prisión penal anticipada por tiempo indeterminado – tipo de privación de libertad que no existe ni tolera el Derecho uruguayo -, a pretexto de arresto preventivo para fines de extradición.

 Lo ÚNICO que concretamente se tiene en estos actuados es la mera mención a la  presunta existencia de 4 (cuatro) sentencias condenatorias dictadas a REBELDIA - o sea, sin que el imputado haya tenido su día ni fuese OÍDO por un Juez o Tribunal -; presupuestos remotos pronunciamientos judiciales condenatorios cuyas respectivas COPIAS AUTÉNTICAS no se encuentran agregadas a estos autos de extradición, puesto que, no obstante imperativo, JAMÁS fueron remitidas por la Justicia italiana.


 En ese resumido insólito contexto - al cual en los capítulos siguientes se acrecientan otras relevantes cuestiones de orden fáctico y jurídico -, desde cualquiera ángulos de examen, a la luz del Derecho y de las Normas aplicables al caso, la secuencia de la segregación cautelar correlativa a la demanda extradicional seguida en autos resulta totalmente INADMISIBLE y NO PROCEDE.   

 Por esto, tanto la postura asumida por la insigne Magistrado de Primera Instancia, como el posicionamiento ulteriormente mantenido por los ilustres Ministros de la Sala de 1° Turno del Tribunal de Apelación Penal, constituyen la más rematada expresión del despotismo y la opresión, ya que, para NEGAR el PRINCIPIO de la LIBERTAD, se incurrió, a mas no poder, en infracciones o errónea aplicación del derecho en el fondo o en la forma, o inclusive en flagrante infracción a las reglas de valoración de la prueba constante en los actuados, creando, en el mundo jurídico, situación inexistente en el mundo de los hechos, en el campo de la realidad.

 Con efecto, en reiterados y memorables fallos, las Salas de 1° y 3° Turno del Tribunal de Apelación Penal, al enfrentar la temática relativa a la exégesis de los Tratados de Extradición, no dejaron la menor duda cuanto a que “(…) la detención preventiva en el art. 29, con carácter facultativo… con el fin de asegurar la persona extraditable en el país de refugio, de duración predeterminada y prudencial (...), destinada a habilitar al Estado requirente durante ese plazo el planteo de la solicitud de extradición - con las formalidades y recaudos pertinentes (art. 29.4)." (TAP de 3° Turno - Sentencia 693/2007) y que “Fuera de tal previsión no existe otra norma relativa a la limitación de la libertad ambulatoria, correspondiendo resaltar principalmente que no se reeditó la prohibición de libertad durante el proceso de extradición que establecía el art. 45 del Tratado de Montevideo de 1940” (TAP de 1° Turno - Sentencia 268/2013)."

 En idéntico sentido, de forma reciente: "Atento a lo dispuesto por el art. 339.3 del CPP y encontrándose el encausado comprendido por lo establecido en la referida disposición legal, no obstante lo dictaminado por el MP, decrétase el cese del arresto administrativo." (TAP de 4° Turno, Sentencia No. 181/2018).

 "La ausencia de una prohibición expresa en el mismo (Acuerdo del MERCOSUR) en punto a la privación de libertad -fuera de la inicial detención-, determina a la Sala a sostener la plena vigencia del principio constitucional de libertad y hasta tanto no se ordene la efectiva entrega, el que tolera su legítima limitación tan sólo en la medida que por su intermedio se intente impedir la fuga o la elusión de la justicia de parte del sujeto extraditado (la que vendría a conculcar el proceso de cooperación)” (RDP No 19, c. 187).

 "No sólo que el tratado de marras no acepta la solución que pretende la Defensa sino que da la opuesta, sin dejar margen para una Interpretación acorde a los actuales parámetros de la prisión o arresto preventivo para fines de extradición  (como por ejemplo ocurre con el Acuerdo de Extradición entre los países partes de Mercosur, que no reeditó la prohibición de libertad durante el proceso de extradición que establecía el art. 45 del Tratado de Montevideo de 1940 posibilitando cese del arresto como dijo esta Sala en más de una sentencia, por ej. 126/09), (...)." (vide, TAP de 3° Turno - Sentencia confirmatoria de la Interlocutoria 70/2018 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 3° Turno).

 Sin embargo, al examinar IDÉNTICO pleito libertario formalizado por mi Defendido, de manera inexplicable – igual existiesen PESOS y MEDIDAS DIFERENTES para resolver casos SIMÉTRICOS -, la Sala de 1° Turno del Tribunal de Apelación Penal, creando caos e inseguridad jurídica, en la misma composición, manifestó entendimiento total y absolutamente ARCAICO y CONTRAPUESTO, consignando, en sumatoria, que, en su mérito, el cese de tal “prisión preventiva” así como la disposición en su caso de medidas alternativas a la misma, no son institutos previstos en el Tratado y, por ende, su aplicación significaría una modificación unilateral del mismo totalmente improcedente." (¿?).

 Así, no obstante la exhibición de una postura aparentemente garantista, víctima de la sucesión de fallos negativos por parte de la Sala de 1° Turno del Tribunal de Apelación Penal endosando las más  absurdas y arbitrarias sentencias dictadas por la insigne Jueza de Primera Instancia, en el caso que nos ocupa, ROCCO MORABITO - quien, se reitera, fue ilegalmente detenido en el interior del cuarto del hotel en que reposaba por Agentes de Interpol -, sigue - a esta altura, hace casi 21 meses - injusta e injustificadamente privado de libertad y enterrado en Cárcel Central de Montevideo. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo?

 

 


 Obsérvese, asimismo, nada obstante el carácter preceptivo de las exigencias instrumentales enunciadas en el art. VI del Tratado Bilateral de Extradición entre Uruguay e Italia de 1879, NO SOLAMENTE NO VINIERON AL PROCESO  COPIAS AUTÉNTICAS de los presuntos EDICTOS CONDENATORIOS que movilizaron la postulación extradicional, sino que tampoco vinieron a estos actuados los textos legales – ni PRETERITOS ni ACTUALES - alusivos a las PENAS y la PRESCRIPCIÓN según las leyes penales italianas. Circunstancia que, desde luego, cuanto a cada una de las lacónicas imputaciones, torna absolutamente IMPOSIBLE el control de legalidad del pedido en el Estado requerido.


 De otro lado, reduciendo a CERO -esto es, totalmente a NADA- los básicos principios y garantías de la LIBERTAD, del DEBIDO PROCESO, de IGUALDAD DE LAS PARTES, de SEGURIDAD JURÍDICA, del INDUBIO PRO REO, etc., durante toda la instrucción del proceso en foco, inclusive CONTRARIANDO lo Dictaminado por la Fiscalía, la insigne Jueza de Primera Instancia celosamente se preocupó en suplir y/o ignorar la ausencia y carencias de una de las partes - en la especie, las del Estado requirente -, en claro perjuicio de la otra, lo cual resulta absolutamente inaceptable.

 Así, DIFERENTEMENTE de lo que ocurre cuando algún nacional uruguayo es requerido por la nuestra Justicia a Italia con fines de EXTRADICIÓN, al margen del Orden Jurídico patrio – e, inclusive, IGNORANDO y CONTRARIANDO al Fiscal de la Ley -, desde el día 02 de Septiembre de 2017 - fecha en la cual, como se ha visto, fue súbitamente detenido, preso, y depositado igual a un MUEBLE en Cárcel Central de Montevideo -, no obstante NO haber cometido ningún crimen, y no ser portador de cualquiera antecedentes o anotaciones penales en sus 53 años de vida, ROCCO MORABITO amarga extraña forma de PRISIÓN PENAL en Uruguay a pretexto de "CUSTODIA PREVENTIVA". PRIVACION de LIBERTAD que, a pesar de la limitación temporal de 120 DIAS taxativamente prevista en el art. 339.3 del Código del Proceso Penal (dispositivo legal aplicable in casu por imperio de la expresa remisión que al ordenamiento procedimental local se efectúa en el art. 329.1 del NCPP), con efectos DEVASTADORES, se proyecta INDEFINIDAMENTE en el tiempo.

 

 

II) DE LA PREVALENCIA DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTADEN LA TEMÁTICA EXTRADICIONAL. DE LA EXISTENCIA DE LEGISLACION PRECEPTIVA EN LA MATERIA. DE LA DOCTRIBA Y JURISPRUDENCIA PATRIAS. DE LA PLENA  PROCEDENCIA DEL PRESENTE PEDIDO INCIDENTAL DE EXCARCELACION.



 Al respecto, surge de autos que para la Defensa Técnica el nacional italiano ROCCO MORABITO debió ser puesto en LIBERTAD DEFINITIVA en fecha 03 de Diciembre de 2017, en virtud de haberse CUMPLIDO el PLAZO MAXIMO de 90 (noventa) DIAS por el cual – en fecha 03 de Septiembre de 2017 –, en los términos del art. VII del Tratado Bilateral de Extradición entre Uruguay e Italia de 1879, tuviera DECRETADA la PRISIÓN PREVENTIVA para fines de EXTRADICIÓN a la Republica de Italia.

 

 Ad argumentandum tantum, también se hace menester acentuar que, acaso no se tomase como parámetro el supra citado lapso temporal de privación de libertad establecido mediante la Sentencia Interlocutoria datada en 03 de Septiembre de 2017, igualmente operaria el plazo razonable y máximo de 120 días de ARRESTO PREVENTIVO establecido en el art. 339.3 del Código del Proceso Penal (texto conforme Ley 19.293).

 No obstante, para la distinguida Jueza de Primera Instancia, la normativa legal que así LO IMPONE, no debía aplicarse porque NADA se disponía a respecto en el Tratado Bilateral de Extradición entre Uruguay e Italia de 1879, debiendo, así, permanecer mi Defendido encarcelado, en mazmorra medieval, hasta el final del proceso de extradición. 

 A su turno, incluso CONTRARIANDO el posicionamiento del Ministerio Público Fiscal y la progresista jurisprudencia en la materia, la Sala de 1° Turno del Tribunal de Apelación Penal NEGÓ el pedido de CESE del ARRESTO ADMINISTRATIVO examinando “CONDICIONES OBJETIVAS” - v.g., las pretensas peculiaridades del caso en concreto – cuyo análisis NO ESTABLECIÓ la legislación de regencia.

 Acontece que, afuera ser ILEGÍTIMA y PREJUDICIAL al reo (y por ello, vedada expresamente por imperio del art. 14 del NCPP), tal interpretación se denota FRONTALMENTE COLIDENTE con las normas esculpidas en las Convenciones y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos - notadamente, en el Pacto de San José de Costa Rica -, la Constitución Nacional, la legislación penal de regencia, la doctrina y la pacificada jurisprudencia de todas las Salas del Tribunal de Apelación Penal  - e, inclusive, con la jurisprudencia construida y consolidada en el mismísima Tribunal de Apelación Penal. Así, a toda evidencia, el RECHAZO de la EXCARCELACIÓN CARECE total y absolutamente del requisito mínimo y esencial de validad, una vez que NO TIENE MOTIVACIÓN LEGAL, o sea, NO POSEE FUNDAMENTACIÓN FUNDADA.

 Pues bien. En la República Oriental del Uruguay rige, con vigor, el Principio de la LIBERTAD.  El art. 7° de la Constitución Nacional reza, in verbis: 

 "Artículo 7 - Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general." 

 Nuestro país es además Estado parte signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que, en sus artículos 1° y 7° precisamente onsagra, ipsis litteris:

 "ARTÍCULO I - OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social." (...).

 ARTÍCULO 7 - DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. (...).

 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. (...).

 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez y otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso."

 Por su parte, ante el silencio, por obvio, el Tratado Bilateral de Extradición entre Uruguay e Italia de 1879 remite el diligenciamiento de todos los procedimientos extradicionales a la legislación del Estado parte requerido, o sea, en el caso, por el rito procesal en vigor en la República Oriental del Uruguay.

 El art. 339.3 del Código del Proceso Penal  - aplicable in casu en virtud de lo taxativamente previsto en el art. 18 del Tratado de Extradición de Mercosur -, establece, in verbis: 

 "ARTÍCULO 339 (Cese del arresto y plazo máximo de detención de la persona requerida). (...).

 339.3 - La persona requerida no podrá estar privada de libertad por un término superior a los ciento veinte días, sin perjuicio de otras medidas cautelares. "

 Asimismo, ad argumentandum tantum, en el caso que nos ocupa milita, inclusive, en favor de mi Defendido, el principio que consagra la aplicación de la ley penal superviviente más benigna, siendo cierto que el dispositivo legal incorporado por la Ley 19.293 (NCPP, art. 339.3) es reciente y posterior al Tratado Bilateral de Extradición entre Uruguay e Italia. Diploma legal que - conforme ut supra ampliamente demostrado -, repítase: NO reeditó la arcaica y retrograda prohibición contenida en el art. 45 de Tratado de Extradición de Montevideo de 1940.

 En ese contexto, ante el curso de tiempo - a esta altura, casi 650 (seiscientos cincuenta) DÍAS de PRIVACIÓN de LIBERTAD -, incontestable se verifica ser la NECESSIDAD de CONCEDER la EXCARCELACION con base en las referidas normativas - nacionales y supranacionales -, las cuales, como visto, se revisten eminente naturaleza PRECEPTIVA, siendo cierto que resulta ser manifiestamente ILEGAL y ARBITRARIA en la especie la extrapolación de los supra citados parámetros legales y el exceso de plazo en la segregación cautelar de ciudadano extranjero que ÚNICAMENTE se trata de sujeto administrativamente arrestado para fines de extradición con base en pleito por intermedio del cual se objetiva la pose material de un SER HUMANO para que cumpla una serie de sentencias condenatorias dictadas a REBELDIA cuyas COPIAS AUTÉNTICAS ni siquiera se dignó enviar a la Justicia uruguaya el Gobierno de Italia.


 A propósito, desde hace más de una década, inclusive a partir de brillante señero pronunciamiento de la Sala de 3° Turno del Tribunal de Apelación Penal, pacíficos son el magisterio de la doctrina y la jurisprudencia patrias, como se extrae de la lectura de los precedentes a seguir, ipsis litteris:


 "Atento a lo dispuesto por el art. 339.3 del CPP y encontrándose el encausado comprendido por lo establecido en la referida disposición legal, no obstante lo dictaminado por el MP, decrétase el cese del arresto administrativo." (TAP de 4° Turno, Sentencia No. 181/2018).

 

  “El Acuerdo de Extradición del MERCOSUR sólo prevé la detención preventiva en el art. 29, con carácter facultativo… con el fin de asegurar la persona extraditable en el país de refugio, de duración predeterminada y prudencial (40 días), destinada a habilitar al Estado requirente durante ese plazo el planteo de la solicitud de extradición -con las formalidades y recaudos pertinentes (art. 29.4)." (TAP de 3° Turno - Sentencia 693/2007).

 “Fuera de tal previsión no existe otra norma relativa a la limitación de la libertad ambulatoria, correspondiendo resaltar principalmente que no se reeditó la prohibición de libertad durante el proceso de extradición que establecía el art. 45 del Tratado de Montevideo de 1940” (TAP de 1° Turno - Sentencia 268/2013)."

 "La ausencia de una prohibición expresa en el mismo (Acuerdo del MERCOSUR) en punto a la privación de libertad -fuera de la inicial detención-, determina a la Sala a sostener la plena vigencia del principio constitucional de libertad y hasta tanto no se ordene la efectiva entrega, el que tolera su legítima limitación tan sólo en la medida que por su intermedio se intente impedir la fuga o la elusión de la justicia de parte del sujeto extraditado (la que vendría a conculcar el proceso de cooperación)” (RDP No 19, c. 187).

 "No sólo que el tratado de marras no acepta la solución que pretende la Defensa sino que da la opuesta, sin dejar margen para una Interpretación acorde a los actuales parámetros de la prisión o arresto preventivo para fines de extradición  (como por ejemplo ocurre con el Acuerdo de Extradición entre los países partes de Mercosur, que no reeditó la prohibición de libertad durante el proceso de extradición que establecía el art. 45 del Tratado de Montevideo de 1940 posibilitando cese del arresto como dijo esta Sala en más de una sentencia, por ej. 126/09), (...)." (vide, TAP de 3° Turno - Sentencia confirmatoria de la Interlocutoria 70/2018 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 3° Turno).

 Obsérvese, sobre esta temática que, precisamente en pro de la eficacia del principio universal y constitucional de la libertad, igualdad, isonomía, razonable duración del proceso penal con reo preso, etc., adoptándose como fuente reiterados pronunciamientos de la Corte Internacional de Derechos Humanos de la ONU, de la Corte Europea de los Derechos del Hombre, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, etc., desde hace más de una década, se han ido construyendo y consolidando el magisterio de la doctrina y la jurisprudencia patrias, como, entre otros, se extrae de la lectura de los precedentes a seguir, ipsis litteris:

 “El Acuerdo de Extradición del MERCOSUR sólo prevé la detención preventiva en el art. 29, con carácter facultativo… con el fin de asegurar la persona extraditable en el país de refugio, de duración predeterminada y prudencial (40 días), destinada a habilitar al Estado requirente durante ese plazo el planteo de la solicitud de extradición -con las formalidades y recaudos pertinentes (art. 29.4)." (TAP de 3° Turno - Sentencia 693/2007).

 “Fuera de tal previsión no existe otra norma relativa a la limitación de la libertad ambulatoria, correspondiendo resaltar principalmente que no se reeditó la prohibición de libertad durante el proceso de extradición que establecía el art. 45 del Tratado de Montevideo de 1940” (TAP de 1° Turno - Sentencia 268/2013)."

 "La ausencia de una prohibición expresa en el mismo (Acuerdo del MERCOSUR) en punto a la privación de libertad -fuera de la inicial detención-, determina a la Sala a sostener la plena vigencia del principio constitucional de libertad y hasta tanto no se ordene la efectiva entrega, el que tolera su legítima limitación tan sólo en la medida que por su intermedio se intente impedir la fuga o la elusión de la justicia de parte del sujeto extraditado (la que vendría a conculcar el proceso de cooperación)." (RDP No 19, c. 187).

 En igual sentido, entre innumerables otros fallos: TAP de 2° Turno (Sentencia); TAP de 3° Turno (Sentencia 126/09); TAP de 4° Turno (Sentencia 181/2018, en caso Fernandez Rafael - Pedido de Cese de Arresto Preventivo para fines de Extradición a la República de Paraguay - Año 2018), y Juzgado Letrado de Primera Instancia Especializado en Crimen Organizado de 4° Turno de Montevideo (Sentencias 632/2018 y 252/2018).

 De este modo, a la luz del Derecho aplicable in casu, inclusive en la línea de lo precisamente apuntado por el distinguido Señor Fiscal LUIS PACHECO, desde cualquier ángulo de examen, NO SE SUNTENTA NINGUNA de las premisas y conclusiones ensayadas por la Sala de 1° Turno del Tribunal de Apelación Penal para RECHAZAR los pleitos defensivos, puesto que - exactamente en la CONTRAMANO de lo que hasta aquí se ha consignado en Primera y Segunda Instancias -, en virtud de expresamente previsto en el Tratado Bilateral de Extradición entre Uruguay e Italia, el procedimiento extradicional se rige y regula por las leyes de rito del Estado requerido, esto es, por el Nuevo Código del Proceso Penal (Ley 19.293). Además, conforme consolidada doctrina y jurisprudencia - notadamente, desde el señero y progresista pronunciamiento formalizado por la Sala de 3° Turno del Tribunal de Apelación Penal, cuya exégesis resulta plenamente extensible al Tratado Bilateral en foco - “El Acuerdo de Extradición del MERCOSUR sólo prevé la detención preventiva en el art. 29, con carácter facultativo… con el fin de asegurar la persona extraditable en el país de refugio, de duración predeterminada y prudencial (40 días), destinada a habilitar al Estado requirente durante ese plazo el planteo de la solicitud de extradición -con las formalidades y recaudos pertinentes (art. 29.4)." (TAP de 3° Turno - Sentencia 693/2007), y “Fuera de tal previsión no existe otra norma relativa a la limitación de la libertad ambulatoria, correspondiendo resaltar principalmente que no se reeditó la prohibición de libertad durante el proceso de extradición que establecía el art. 45 del Tratado de Montevideo de 1940” (TAP de 1° Turno - Sentencia 268/2013)."


 Señala  ÁLVAREZ  COZZI,  que: “Resulta  evidente  que  el  arresto preventivo  de  una  persona  acusada  de  haber  cometido  un  delito  en  el  Estado requirente  no  puede  considerarse  una  lesión  de  los  derechos  humanos,  a  la libertad  de  circulación,  consagrada  a  nivel  interamericano  en  el  art. 7°  de la Convención Americana de Costa Rica  sobre Derechos Humanos  del momento que tanto las Constituciones  establecen  las  causas  y  los  plazos  por  los  cuales pueden  prolongarse  las  detenciones,  como  el  propio  art.  5  literal  f)  de  la Convención  Europea  sobre  los  Derechos  del  Hombre,  entre  los  límites  a  la libertad  personal  prevé  la  detención  de  una  persona  sobre  la  cual  pesa  un pedido  de  extradición.  De  manera  que  se  cumple  la  ley  cuando  se  arresta preventivamente  a  una  persona  acusada  de  haber  cometido  un  delito  en  el Estado  requirente.  Por  supuesto  que  si  el  arresto  se  prolongara  por  más  tiempo que  el  establecido  en  la  norma  convencional  o  nacional  aplicable  o  fuera practicado  en  condiciones  lesivas  de  la  dignidad  intrínseca  de  todo  ser  humano, se  convertiría  en  ilícito  y  el  Estado  aprehensor  debería  ponerlo  en  libertad  en forma  inmediata,  so  pena  de  tener  que  responder  por  un  pedido  de  "habeas corpus"  o  de  un  reclamo  internacional  por  tratos  inhumanos.”  (ALVAREZ COZZI,  Carlos,  El  arresto  preventivo  en  los  procesos de  extradición  en  el Derecho  Uruguayo,  archivo  pdf, consulta disponible en la URL: www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/05/doctrina41147.pdf internet).

 En ese contexto fáctico y jurídico, presentes los pétreos principios y garantías a todos aseguradas, NO se explica de qué forma, mientras al italiano juzgado a rebeldía ROCCO MORABITO se le impone una extraña especie de PRISIÓN PENAL por TIEMPO INDEFINIDO a pretexto de simples arresto preventivo para fines de extradición, a otros notorios extraditables en IDÉNTICA situación procesal, se les viene regularmente franqueando la posibilidad de responder - en libertad (con o sin cautelares) o en prisión domiciliaria - a sus respectivos procesos de extradición en curso en nuestro País a instancias de Brasil o Paraguay, con base en el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del Mercosur (GOICOA, WILSON S/EXTRADICIÓN - BRASIL, IUE 566-84/2018; MAFIOLETE, RENATO JOSÉ S/EXTRADICIÓN - BRASIL, IUE 537-2994/2018 BRASIL; FERNANDEZ,  RAFAEL S/EXTRADICIÓN - PARAGUAY, IUE / 2018; PEIRANO, JUAN S/EXTRADICIÓN - PARAGUAY, etc.), o en Tratados Bilaterales análogos (BALCEDO, MARCELO Y FIEGE, PAOLA S/EXTRADICIÓN - ARGENTINA, IUE 573-18/2018; GARCÍA, BENJAMÍN  S/EXTRADICIÓN - ARGENTINA, IUE /2018, FIGUEREDO, EUGENIO S/ EXTRADICION – ESTADOS UNIDOS DE NORTE-AMERICA – IUE / 2015  e, incluso, en los casos en que no existe Tratado de Extradición entre las Partes  (KAYA, OSMAN NAIM S/EXTRADICIÓN - TURQUÍA, IUE 567-60/2018, etc.).

 Es más, así como el Legislador en nuestro País por intermedio del art. 339.3 del NCPP, de forma PRECEPTIVA, colocó EXPRESAS LIMITACIONES cuanto al período máximo de encarcelamiento para fines de extradición (in casu, un máximo de 120 días) - privación de libertad que, incluso, quedó establecida como la ultima ratio y medida de naturaleza excepcionalísima -, en situación simétrica, conforme jurisprudencia consolidada por la Corte Europea de los Derechos del Hombre, el plazo máximo de privación de libertad de la persona reclamada en proceso de extradición en los países que conforman la Unión Europea NO puede superar los 18 (dieciocho) días. Lapso temporal después del cual - AUTOMÁTICAMENTE - se convierte el arresto preventivo para fines de extradición en LIBERTAD VIGILADA o ARRESTO DOMICILIARIO.

 Por todo lo expuesto, mediante el presente pleito, concretamente, se postula y espera con serenidad - incluso, a tal fin, desde luego, solicitando se forme la respectiva PIEZA INCIDENTAL de EXCARCELACIÓN -, se hagan valer las normas legales en vigor en relación al límite temporal de privación de libertad a mi Defendido, sin perjuicio de la eventual imposición de medidas cautelares alternativas al encarcelamiento adecuadas a garantizar su sujeción al proceso extraditorio, tales como cierre de fronteras, libertad vigilada e, inclusive, uso de dispositivo electrónico.

 

 

III) EN CONCLUSIÓN


 Conforme amplia y cabalmente se demostró a lo largo del presente memorial, en virtud de las diversas y autónomas razones de hecho y derecho explicitadas a lo largo de los capítulos precedentes, en cualesquiera de las modalidades en que fuera CONCEDIDO a los otros extraditandos, plenamente JUSTO y PROCEDENTE debe reputarse por esta Suprema Corte de Justicia la EXCARCELACION de ROCCO MORABITO.



 IV) DERECHO


 Fundo el derecho que asiste a mi Defendido en las normas, doctrina y jurisprudencia citadas en el cuerpo del presente escrito, y en los artículos 1°, 7° ítems 3, 5 y concordantes de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 7° y concordantes de la Constitución Nacional, art. 339.3, y concordantes del Código del Proceso Penal (Ley 19.293), y demás normas concordantes y complementarias.

 

V) PETITORIO

 Por todo lo expuesto, a los Señores Ministros SOLICITO:

 1. Que, se forme PIEZA INCIDENTAL de EXCARCELACION; y

 

 2. Que, se disponga el inmediato CESE de la CUSTODIA CAUTELAR, por haberse excedido ampliamente el plazo legal y razonable de PRIVACIÓN DE LIBERTAD, con o sin la substitución de la misma por las eventuales MEDIDAS ALTERNATIVAS que se consideren pertinentes y adecuadas según la normativa vigente, tales como libertad vigilada, cierre de fronteras, concurrencia periódica a la Sede en Primera Instancia, dispositivo electrónico, etc.; o, caso contrario,

 

 3. Que, se AUTORICE que el cumplimiento del ARRESTO PREVENTIVO para fines de extradición se realice en régimen de PRISION DOMICILIARIA. Que,

 Proveer de conformidad.


 Ita speratur Justitia!

 

 

 

Dr. Sebastián dos Santos

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