DENUNCIARON A TOMA COMO EL GRAN GESTOR DE TODA UNA MANIOBRA JURÍDICA

Escrito por El Bocón en la sección Nacionales.

Publicado el 06/04/2019 00:58:13
DENUNCIARON A TOMA COMO EL GRAN GESTOR DE TODA UNA MANIOBRA JURÍDICA

En pasados números de EL BOCÓN, hemos hecho una denuncia que aclara en mucho, el erróneo proceder del Ex Presidente Doctor en Medicina Tabaré Vázquez, asesorado por el Secretario de la Presidencia Dr. Miguel Ángel Toma ex catedrático grado 4 de la materia Legislación Sanitaria y Farmacéutica en la Universidad de la República, con el asesoramiento de los Fiscales de Gobierno (designados por el propio Vázquez y de los cuales uno de ellos se encuentra procesado por diversos fraudes y fuga del mismo juzgado).

 

Vimos también como esta resolución la 2218 del 15/06/09 revocaba en forma inconsistente la resolución de la Dirección General de Comercio 048/005 del 31/08/05, ante una denuncia del 2003 realizada por una droguería de plaza contra varios laboratorios.

 

El detonador de esta denuncia de EL BOCÓN, lo daba el fallo del Tribunal de los Contencioso Administrativo, ante un pedido de nulidad del acto administrativo que multaba a esos laboratorios denunciados en U$S 400.000, que debían ser cobrados por el Estado Uruguayo y no por el denunciante (Marbury S.A.), por entender la DGC (luego de tres años largos de estudio y recolección de pruebas, declaraciones de todas las partes involucradas y los testigos por ellos presentados).  Este fallo de la VERDAD, QUE NO QUERÍAN QUE SALIERA A LA LUZ, salió como todas las cosas que deben salir para aclarar un asunto que cada día, crea más sospechas y casi certezas, que las cosas no se hicieron correctamente, defendiendo los intereses nacionales y en especial el del pueblo. No es asunto menor que estemos en pleno Gobierno Progresista, donde al pueblo se lo usa como excusa  en otras oportunidades y para otros fines.

 

También exhortamos a estar atentos a esta nueva nota sobre LA MAFIA FARMACÉUTICA, porque hoy íbamos a razonar con el fallo del TCA a la vista.

 

El fallo es el Nº 575/10 del 9 de agosto.

 

Como se había dicho en la nota anterior de las páginas 22, 23 y 24, los estudios de abogados que defendían a los laboratorios habían logrado un buen caso y de acaudalados clientes. Estaban en juego 400.000 dólares que debían ser salvados a sus clientes.

 

Es sabido en la práctica de la abogacía como en otros muchos rubros de la vida, que una cosa es lo que marca el laudo o la sentencia de un tribunal y otra la que se puede llegar a acordar con el cliente mano a mano. Los honorarios que se acuerdan son habitualmente proporcionales al dinero que se le ahorra al cliente en muchos casos.

 

Lejos estamos de pensar que según dice el mismo fallo del TCA, “los honorarios serán fijados en 18.000 pesos” (unos 920 dólares), si yo te salvo de pagar una multa de 400.000 dólares. No llega al 0.23% de lo que se ahorra al cliente.

 

Por ello muchos laboratorios presentaron por separado  la demanda de nulidad a la multa y solo un grupo (el de los más pequeños en su mayoría) fue representado en conjunto por un mismo estudio.

 

Cuando se presenta la demanda de Marbury S.A y la demanda de las farmacias sancionadas por los laboratorios, uno de los laboratorios a su buen entender, resuelve hacer un acuerdo extra-judicial con los demandantes y resarcirlos, consiguiendo de esta forma ser bajado de las demandas. Este fue el Laboratorio WARNER LAMBERT DEL URUGUAY S.A.

 

Los demás siguieron adelante con el pedido de nulidad, mientras atendían conjuntamente los nuevos juicios civiles.-

 

Cuando la FIRMA del Doctor en Medicina Tabaré Vázquez, les anula la sanción, se presentaron escritos al TCA, alertando al Tribunal que no seguirían con la nulidad porque el acto administrativo ya había sido ANULADO por el Poder Ejecutivo del Primer Gobierno Progresista.

 

Si estuviese Buscaglia entre nosotros diría “PARADOJA”

 

“PARADOJA”, porque el gobierno progresista había dicho, NO a cobrar su propia multa, fijada, apelada, recalculada y mantenida firme por la misma administración de Vázquez

 

PARADOJA”, porque los laboratorios no querían ya que su nombre quedase limpio de la  acusación de haber incurrido en prácticas anticompetitivas contrarias a lo establecido en el art. 14 de la Ley 17.243,  solo les alcanzaba con la nulidad decretada por Vázquez, por un error de procedimiento en la investigación ¿??

¿Dónde quedaba limpiar el buen nombre comercial de sus empresas?

 

 

Bien el fallo que saco a la luz este GRAVE ERROR DE LA ADMINISTRACIÓN VÁZQUEZ Y SUS ASESORES, fue el que había iniciado Warner Lambert, quien prefirió seguir el procesos iniciado. Y comienza así

 

R E S U L T A N D O:

                    I) Se demanda la nulidad de la resolución de la Dirección General de Comercio N° 048/05, dictada el 31 de Agosto de 2005, por la que se declaró que Warner Lambert del Uruguay, entre otras empresas, “…ha incurrido en prácticas anticompetitivas consistentes en eliminar del sistema FARMADESCUENTO y no recibir el beneficio del descuento sobre las recetas de las instituciones de salud que integran el sistema antedicho, a las farmacias que decidieran adherir al sistema CYBERFARMA del denunciante (MARBURY SA)…”.

                    Y le impuso: sanción de apercibimiento consistente en la publicación de la resolución por tres días en dos diarios de alcance nacional y multa de 1.547 UR.

                    Posteriormente, por resolución N° 002/006, la propia Dirección General de Comercio resolvió revocar la resolución en forma parcial, imponiendo un apercibimiento de publicación por una vez y en un único diario, y rebajar la multa de la actora a 754 UR.

                    Como agravios manifiesta vicios en el procedimiento administrativo, los que consisten en: omitir dar vista a los denunciados de los informes finales en que se basó el acto impugnado. Estos informes desfavorables a la actora determinaron la sanción, de modo que al no habérseles dado vista de éstos se cayó en indefensión.

                    También se agravia que el acto se basa en consideraciones falaces y no adecuadas con la realidad, por lo que resulta inmotivado.

 

Nótese la primer gran contradicción, la presentación de nulidad es por manifiesta vicios en el procedimiento administrativo, los que consisten en: omitir dar vista a los denunciados de los informes finales en que se basó el acto impugnado. Estos informes desfavorables a la actora determinaron la sanción, de modo que al no habérseles dado vista de éstos se cayó en indefensión”

 

¿Cómo alguien puede caer en “indefensión”, si estuvo presente en las citaciones, presentó testigos y realizó las preguntas que entendió oportuno a los testigos del demandante?

 

Continúa la presentación por parte del laboratorio:

“alega que no autorizó a nadie a realizar ningún pacto anticompetitivo, no estuvo en ninguna asamblea donde se decidiera tal pacto.

                    Respecto del acta que se presentó, ésta está firmada por solo una persona y nadie firma en representación de ningún laboratorio, por lo que no reconoce ningún valor probatorio a dicho documento, ya que no representa de ninguna manera su voluntad. No conocía ningún documento de tal carácter y no participó de ningún acuerdo de ese estilo.

                    FARMADESCUENTO no es una sociedad ni asociación, de modo que sus presuntas decisiones no obligan a nadie, el sistema es de libre adhesión y las reuniones son de carácter informal para decidir determinado precio de determinado artículo. La actora no mandató a nadie para tratar el tema de CYBERFARMA ni nada relacionado a ésta.”

 

Pero el fallo de la DGC, salió luego de un proceso de tres años, donde uno de los testigos presentados por los laboratorios, fue el Sr. C. Bavosi, quien se presentó ante los miembros de la DGC, como el Gerente  o Administrador de Farmadescuento y hasta les dejo su tarjeta personal que así lo acreditaba y que reconoció la autoría de la famosa acta secreta, que sancionaba a las farmacias y a Marbury S.A.

 

También los laboratorios presentaron muchísimos testigos, como ser las Droguerías más importantes de plaza que dijeron que ellos habían tenido que aplicar las medidas dictadas por Farmadescuento y esos eran sus propios testigos.

 

Pero hay algo mucho peor. En la extensa conclusión de lo actuado por la DGC (el Estado), se determina que la competencia económica entre Marbury S.A. y Farmadescuento es de un mercado de 12:000.000 de dólares.

 

Si Farmadescuento no es una sociedad ni asociación, de modo que sus presuntas decisiones no obligan a nadie, el sistema es de libre adhesión y las reuniones son de carácter informal para decidir determinado precio de determinado artículo”, como puede ser que este manejando por adhesión simple un mercado de 12 millones de dólares. (Podemos ver que esto ya lo habíamos detectado en uno de los primeros informes que hizo EL BACÓN sobre el tema en el 2005 y agregábamos que Farmadescuento, no cuenta con un local, una dirección fiscal, ni un RUC, ni un triste teléfono siquiera y manejaba ya en el 2003 12 millones de dólares en un solo mercado)

 

Luego el laboratorio sigue sus justificaciones para el pedido de nulidad:

“para el Estado vale más la palabra de la denunciante que la de la actora (laboratorios); y aquélla no probó la participación de Warner Lambert en la conducta imputada.”

 

 Si estaba tan seguro de ello ¿por qué acordó un arreglo extra-judicial con los demandantes?. ¿Si los demandantes no habían probado la participación, porque  pagarle?

 

Sigue: También señala que nunca hasta el momento del incidente había entablado conversaciones con la denunciante, cuando fue ella la que le impuso a los laboratorios de manera unilateral y autoritaria su sistema de descuentos de farmacias.”

 

Omite decir que la vida del sistema CYBERFARMA, desde su inicio fue de solo 15 días hasta que tomaron las medidas sancionatorias los laboratorios y que ya muchos de ellos habían sido visitados y que CYBERFARMA NO LES PEDÍA A LOS LABORATORIOS QUE BAJARAN SU PRECIO DE VENTA A LA DROGUERÍA MARBURY, sino que esta ajustaba sus compras y se ponía un recorte en sus ganancias y operativa que le permitía costear el 45% de descuento DE SU PROPIO BOLSILLO.-

 

Y continúan las contradicciones: Se agravia, a su vez, de la aplicación de la multa; sostiene que la multa máxima que puede imponer es de 20.000 UR, cifra que debe ser prorrateada entre todos los participantes, ya que según la DGC la multa se cometió en conjunto y no individualmente.”

 

Si son tan inocentes y seguros de que ellos nunca hicieron nada malo ¿por qué juegan la segunda chance, pidiendo la rebaja de la multa y hacer una vaquita para pagarla entre todos?

 

Y aquí va otra: “La aceptación del sistema Farmadescuento se basa en que hay gente que está dispuesta a pagar menos por el mismo producto, por lo que para ellos el precio es relevante.”

 

Un poquito más arriba decía que Farmadescuento no existía, pero ahora dicen que Farmadescuento era un sistema por aceptación ya que a la gente  busca el mejor descuento:

 

a)¿Si no existía Farmadescuento como era aceptado?

b)                       ¿Si la gente buscaba el mejor descuento, porque excluir las farmacias y droguerías que hacían un descuento mayor, como el del sistema CYBERFARMA?

 

Y hay más, el laboratorio alega: “Los laboratorios son los únicos productores de medicamentos, el papel de las farmacias y las distribuidoras es hacerlos llegar al consumidor, pero el sistema en este caso es vertical y las restricciones verticales terminan afectando toda la cadena de acceso a estos bienes”  Hablamos de verticalazo ¿??? ¿De quien de una droguería con 15 días de vida y un puñado de farmacias, imponiendo sus reglas a los laboratorios?

 

Por fin un poco de sinceridad: “La posición dominante de estos laboratorios está dada porque éstos son los únicos proveedores de drogas (mercados), por ende, para ciertos productos insustituibles tienen el monopolio absoluto. Los laboratorios sancionados tienen el 53% del total de ventas de medicamentos vendidos en las farmacias.”

 

No somos juristas y si lo fuéramos de cualquier forma haríamos caso al viejo refrán que dice “Cuando un burro habla, el otro para la oreja” y para estos argumentos dejaríamos las palabras escritas de los integrantes del TCA, que dicen en sus considerandos:

 

I)              Que en la especie se verifica el correcto agotamiento de la vía administrativa, así como la oportunidad en el ejercicio de la pretensión anulatoria. Por consiguiente, el Tribunal se encuentra en condiciones de ingresar al aspecto sustancial del caso planteado. (CORRECTO AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA, es decir no encontraron errores de procedimiento en el proceso llevado a termino por la DGC, firmado por el entonces Ministro Cr. Danilo Astori en nombre le Poder Ejecutivo).

 

II)         Que el Tribunal, en mayoría y compartiendo el dictamen de la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, dispondrá la confirmación del acto en proceso por entender que no asiste razón a la accionante. (No existe razón, PARA QUE NO PAGUEN LA MULTA DE 400.000 DOLARES QUE SON DEL PUEBLO URUGUAYO)

 

III)     Que en cuanto al fondo del litigio, se debe partir de lo establecido en el art. 14 de la ley 17.243, que prohíbe los acuerdos y las prácticas concertadas entre los agentes económicos, las decisiones de asociaciones de empresas y el abuso de la posición dominante de uno o más agentes económicos. La norma debe interpretarse en el sentido de su finalidad (ratio legis) por lo que, para que la conducta ilícita se consume, el acto anticompetitivo debe tener por efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia y el libre acceso al mercado de producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios; y además, que la distorsión en el mercado genere perjuicio relevante al interés general............ La conducta anticompetitiva que la Administración sancionó implicaba establecer una exclusividad a las farmacias que operaban con Farmadescuento respecto del sistema, situación en la que está involucrado el Laboratorio accionante.

 

Si el órgano competente del Estado especializado en el tema, determina que hubo COLUSION por parte de los laboratorio y si el Tribunal al que se recurre para verificar si el proceso administrativo estaba a derecho, determina QUE FUE CORRECTO.

 

¿QUIÉN?  Asesoró a Tabaré Vázquez  ¿Y PORQUÉ?   Le aconsejaron anular de una sola firma, un acto que sancionaba a sus “amigos viajeros” de tantas COMITIVAS PRESIDENCIALES y que le reportaba 400.000 dólares para el mejor desarrollo del  FONASA, por ejemplo.

 

 

El Dr. Miguel A. Toma, fue catedrático grado 4 de la materia Legislación Sanitaria y Farmacéutica.  Supongamos que su amplia experiencia en el Estado, tanto en la dirección de la oficina de planeamiento o en la secretaria del M.S.P, le permite un conocimiento real de los procesos administrativos y en especial los referentes a su área.

 

El Dr. Toma, debería saber también que durante el gobierno de LULA, la mayoría de los laboratorios que la DGC sanciona en este caso, también lo fueron en Brasil.  Allí se actuó con mano dura y ejemplar, respetando las leyes brasileras y los acuerdos firmados en el marco del MER.CO.SUR en lo que a medicamento genéricos se refiere y que el Uruguay hace vista gorda.

 

También debe saber por pertenecer a su área profesional, y por haber sido tapa del diario Ultimas Noticias, que durante el mismo Primer Gobierno Progresista, los laboratorios que actúan en el mercado nacional, amenazaron al ex Ministro de Industria Jorge Lepra, con iniciar juicios al estado, si se permitían, la instalación de laboratorios que trabajasen en medicamentos genéricos dentro de las zonas francas.  ¿Posición dominante del mercado?  Hummm, la historia se repite.

 

Pero el cargo de Secretario de la Presidencia, provoca lagunas convenientes a quienes lo ocupan.

 

Los  Fiscales de Gobierno, no tienen por qué saber de todas las diferentes ramas de la jurisprudencia, en profundidad. Para ello el estado cuenta con Tribunales específicos, donde se supone que sus integrantes son mucho más expertos en esas materias de su competencia.

Debe ser por ello que toda la argumentación de la Resolución 2218/09, se basa en las conclusiones ERRADAS, de los dos fiscales actuantes, el de 1º y 2º turno.

 

Ejemplos: en los Considerandos de la Resolución 2218/09 en el numeral X, se dice: “que, en cuanto a la incompetencia del Órgano que dicto el Acto administrativo impugnado, es claro que le asiste la razón a los peticionantes” (los peticionantes son los laboratorios)

 

Según esto se entiende que los más de decena y media de abogados de los laboratorios, más los abogados de las farmacias, más los abogados de Marbury S.A. y todos los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.....  SON TONTOS..... NO SE DIERON CUENTA,  fíjese el lector que estamos hablando de más de dos docenas de abogados y doctores en leyes que en 7 años desde la denuncia, trabajaron sin saberlo.  ¿No es poco serio, tratar así a sus colegas?

 

El Fiscal de 1er. Turno aclara en el punto XI, (el siguiente al anteriormente comentado), que el artículo 1 del decreto 86/001 determina que el órgano que debe actuar es la DGC  (casualmente Sr. Fiscal, fue la que actuó y que en punto anterior el X, se dice que es incompetente)

 

Como explica esto el Sr. Fiscal ingeniosamente: dice que como el Director de esa repartición se excusó por nota y al principio de la investigación, porque su familia es una de las propietarias de uno de los laboratorios denunciados (Ec. Antía, que con honor, se excusó), la DGC, no podía sancionar, porque no estaría la firma del Director. ¿???

 

Lo que no dice el Fiscal de Gobierno es que el firmante de la sanción y también el que otorga el recalculo a la multa, pedido en su momento por los laboratorios y hecho a derecho, fue el MINISTRO Cr. DANILO ASTORI y que firmo en calidad de Ministro y de representante del P.E.

 

Atención Señores Legisladores, una nueva doctrina nació en este caso.

Es más tal vez cambien desde ahora los llamados a interpelación de los Ministros, ya que dejaron de ser los máximos representantes de su ministerio, ahora habrá que ver si llaman a los directores de las diferentes áreas, porque si ellos no firman...... lo que firma el Ministro no tiene validez

 

Pero la frutilla de la torta está en el considerando XIII, que dice textualmente “ que, en la investigación administrativa instruida, previa al dictado del acto administrativo recurrido, tampoco se probó que los Laboratorios hubieren violado los artículos 13-15 de la Ley 17243, esto es que no resultó acreditado que se realizaran las prácticas anticompetitivas.......”

 

La DGC, por medio del Economista Zipitría y de la Dra. De los Santos,  y todo su personal, trabajaron por más de tres años en la denuncia, se hicieron estudios que nunca se habían hecho en el Uruguay, por tratarse de ser el primer caso de aplicación de la Ley 17243.

 

Hicieron un trabajo de cientos de horas hombre y miles de folios. Probaron la violación de los artículos referidos e hicieron el acto administrativo correspondiente. 

 

Luego y ante el pedido de nulidad presentado por los laboratorios ante el TCA, los miembros Dra. Sassón, Dr. Lombardi (r.), Dr. Preza (d.), Dr. Harriague, Dr. Monserrat. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).  Evaluaron lo hecho por la DGC, lo avalaron y rechazaron el pedido de nulidad.

 

Sr. Fiscal de Gobierno, vea los nombres, creo que hay mucha calidad en la gente que actuó para que Usted escriba, algo que suena como irrespetuoso ante la notoriedad y experiencia de todos sus colegas.

 

Señor Presidente Doctor en Medicina Tabaré Vázquez, SE EQUIVOCÓ.

 

 

 

Algo huele muy mal en todo esto.

También pensamos que este fallo, acelerará los juicios millonarios en dólares que los amigos del lobby del poder, tendrán que defender y que desde hace 5 años no avanzan. Que la justicia, haga justicia, porque han demostrado que no le temen. Ya se hizo en Brasil, también en Argentina

 

Lo peor y es lo que peor huele, es que los Gobiernos Progresistas supieron y saben que los precios de los medicamentos están sobrevaluados por los laboratorios. También saben que se cometen infracciones por parte del sistema Farmadescuento y también saben que ellos son cómplices.

¿Tendrá algo que ver la zona franca otorgada por Vázquez detrás del aeropuerto de carrasco en predio cedido por la intendencia de Canelones que otorga grandes beneficios tributarios a sus amigos?

El Dr. Toma ha sido el compañero de Vázquez en muchos temas en los cuales se uso y presunto abuso del poder de la presidencia.

El Dr. Toma después de los primeros cinco años de Vázquez, cuando toma este segundo período, fue nuevamente confirmado, pero en este caso en el cargo más importante que debe disponer un presidente.

Lo que sabe Toma de Vázquez es su garantía de permanencia en su cargo.

La información muchas veces, vale mucha más que el dinero, no tengo la menor duda que en este caso, es así.

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