EN URUGUAY: ¿QUIENES TIENEN DERECHO A QUE SE LES RESPETE SUS DERECHOS HUMANOS?

Escrito por More en la sección Departamentales.

Publicado el 15/12/2017 14:06:45
EN URUGUAY: ¿QUIENES TIENEN DERECHO A QUE SE LES RESPETE SUS DERECHOS HUMANOS?

Por More.-

Según declaraciones de Nelson Villarreal, Secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la Republica, la idea de los Derechos Humanos en Uruguay se visualiza mucho al “pasado reciente”, lo que entendió como “fundamental para esclarecer la verdad y la justicia de la impunidad que sembró la dictadura”, en sus declaraciones manifestó que no se puede reducir el tema solo al pasado reciente. Sino que necesitamos visualizar que hoy, muchas prácticas que podamos tener en determinadas situaciones violan los Derechos Humanos, citando como ejemplos la situación por la que transitan personas con enfermedades mentales, los afrodescendientes, o quienes no tienen vivienda o trabajo inseguro.
Para Nelson Villarreal “tenemos que hablar de lo que violenta la dignidad de las personas, a la sociedad como comunidad, y a la comunidad y a las personas en el ambiente y el hábitat”…“no hay que visualizar la demanda de los derechos como sectoriales, sino integralmente”, ya que “la dignidad de las personas es el centro del debate de los Derechos Humanos”.

Quisimos traer estas declaraciones del Secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la Republica para poder encuadrar un sector que hoy ve vulnerado sus derechos humanos, y para poder graficar lo que decimos, vamos a tomar un caso puntual como ejemplo.

Estuvimos visitando la Chacra Policial de Paysandú y ahí nos encontramos con Gastón Pesce, abogado de profesión, y que aun después de 12 años sigue esperando sentencia.
En una extensa charla que mantuvimos con él y otros reclusos nos contó lo siguiente: “Me encuentro en prisión preventiva desde el 21 de octubre de 2005.
Llevo, por tanto, efectivamente cumplida más de la mitad de la desmesurada pena solicitada en la acusación fiscal.
Con el tiempo redimido correctamente calculado, llevo ya 17 años pagados a cuenta al Estado, al cabo de un proceso impugnado de nulidad y denunciado ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos en el expediente P-245/10, lo que supone haber superado ya las dos terceras partes de la eventual pena pretendida por el Ministerio público que, sin embargo, jamás me podría recaer según las circunstancias del caso y mi participación y culpabilidad en él.
Puesto que jamás se verificaron en mi caso las condiciones o supuestos de riesgo que reclama la ley para la prisión preventiva sufrida, en la realidad de los hechos la misma se ha desnaturalizado totalmente, convirtiéndose en una inconstitucional pena anticipada que viola mis derechos  humanos fundamentales consagrados tanto a nivel nacional como internacional.
Actualmente la autoridad carcelaria me ha restringido ilícitamente, a manera de represalia, el amplio régimen de salidas transitorias de que venía gozando sin problema alguno desde junio de 2016, como venganza por haber denunciado, en ejercicio de mi libertad de expresión a través de la prensa, gravísimas irregularidades y delitos que tuve de presenciar en Salto ante la incomprensible pasividad de las autoridades judiciales requeridas en primer término cuya inacción me obligó a ello, de todo lo cual está en conocimiento el Relator de la OEA para la libertad de expresión, Dr. Edison Lanza, a quien conocimos en oportunidad de nuestro patrocinio del caso Dogliani que determinó a mi entender una de las últimas reformas a la legislación sobre prensa de Uruguay.
Si bien he transitado todo mi extenso y accidentado periplo carcelario en condiciones de inconstitucional mortificación, al cabo de las salidas transitorias otorgadas pude aliviar las mismas tras acceder a razón de 10 horas diarias, a una dieta balanceada, en un ambiente higiénico y libre de estrés prescrito por mi médico oncólogo tratante, Dr. Julio Costanzo, de Salto. Pero el giro que ha tomado mi vida desde mi traslado a Paysandú ha modificado sensible y gravemente mis condiciones de reclusión y de vida, continuando, en forma agravada, el trato cruel, inhumano y degradante que me ha dado la autoridad carcelaria, en particular a partir del pasaje de las cárceles al Instituto Nacional de Rehabilitación.
A manera de ejemplo: Si bien jamás se me permitió estudiar, sí se me respetó mi derecho a trabajar en lo mío, al amparo de lo dispuesto por el artículo. 41 del decreto ley penitenciario 14470, hasta que el Director Catelotti de Salto me privó de mi ordenador por haber interpuesto recursos contra una desmedida sanción que configura abuso de autoridad contra los detenidos.
No se me permitió visitar a mi señora madre en su enfermedad terminal.
Se me obligó a trabajar en la construcción de la cárcel de mujeres ni bien fui dado de alta tras mi intervención por cáncer de colon, lo que me provocó eventración por la herida abierta.
Jamás se respetó la prescripción médica de acceder a una dieta balanceada en un ambiente higiénico y libre de estrés…”
De acuerdo a lo narrado y que intentamos transcribir en forma textual parte de la extensa charla que mantuvimos, hoy Gastón siente que a lo largo de estos 12 años en su condición de preso ha sido violentado en sus derechos Humanos.
Ya en octubre de 2016, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit reconocía que existe un "problema institucional" y que actualmente hay "una especie de abuso de autoridad" por parte del Estado. Petit aseguró en ese momento que el Estado incumple con las propias normas que redactó y que aprobó.
A sí mismo la entonces asesora penitenciaria del Ministerio del Interior, Gabriela Fulco, reconocía la existencia de “reductos de violaciones a los derechos humanos” en las cárceles uruguayas.
Esta afirmación fue realizada en el marco de la presentación del libro “Hacia una política de Estado en privación de libertad. Diálogo, recomendaciones y propuestas”, elaborado por Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Observatorio del Sistema Judicial.
Y así podríamos seguir citando ejemplos de organismos o personalidades vinculadas o que estuvieron vinculas al sistema carcelario, que de una forma u otra vienen denunciando la falta de garantías en el cumplimiento de los Derechos Humanos en las cárceles uruguayas.
Quizás este sea el momento, ya que el 10 de diciembre se conmemoró un nuevo aniversario por los Derechos Humanos y las actividades oficiales se centraron en reivindicar los derechos de los presos en Guantánamo en estos últimos 12 años, de revisar la realidad de los presos en las cárceles Uruguayas. ¿O acaso tener un preso 12 años sin que se le dictamine sentencia no es una violación a los Derechos Humanos?

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